Entendía entonces y sigo entendiendo hoy, que existen responsabilidades políticas en este turbio asunto que no deberían haber quedado impunes.

Para una mayor comprensión del calado de nuestra querella, la que dio origen a todo el proceso, les entregamos a Uds. una copia de la misma. En la reunión de la CI de Hacienda del pasado día 17, se presento la propuesta que a través de una Moción, ACPT, ha presentado al Ayuntamiento para aprobar una nueva modalidad en la facturación del consumo de agua, basada en el consumo real.

Como quiera que la Moción afecta a la Ordenanza actual y que ello tendrá repercusiones económicas, esta ha debido ser trasladada a la Comisión de Hacienda antes de aprobarse en el Pleno, previo conocimiento de los estudios o informes que el Interventor y el Ingeniero de Aguas, respectivamente, han de realizar tras unas simulaciones que determinen la diferencia de ingresos que pudiera existir.

La  Alcaldesa ha insistido mucho en la necesidad de que esta modalidad de facturación no altere el equilibrio entre ingresos y gastos, cuestión que siendo importante, no constituye la mayor preocupación para ACPT. La facturación por consumo real, para nosotros, significa, en primer lugar, fomentar el ahorro y un uso racional del agua; en segundo lugar que, desaparecido el fijo de 30 m3, cada uno pague lo que realmente consume. Por lo tanto, y aun comprendiendo que nuestra propuesta no esta exenta de ciertos problemas técnicos que se han de resolver en la redacción de una nueva Ordenanza, advertimos que seremos intransigentes con cualquier medida tendente a “maquillar” nuestra propuesta en el sentido de que no afecte a los ingresos en las arcas municipales. Nuestra propuesta es muy clara en ese sentido: El ahorro de agua será un hecho y, por tanto, también deberá serlo para el bolsillo de los ciudadanos. No quisiéramos vernos sorprendidos con lo de “cambiar algo para que nada cambie”. Eso seria responsabilidad del equipo de gobierno, pero en modo alguno se correspondería con la petición de ACPT.

Esperamos, no obstante, los informes anunciados y confiamos en una conclusión justa y razonable.

Y relacionado también con el agua, queremos comentar la Resolución del Consejo de Estado que obligara a Aqualia, antes Sogesur, socio privado del Ayuntamiento en la empresa del agua, a abonar a este 878.000 euros por irregularidades cometidas desde el año 1994.

Queremos recordar que pese a las declaraciones triunfalistas de la Alcaldesa sobre esta noticia, en las que parece arrogarse la autoría de la denuncia refiriéndose al año 2007 como la fecha en que se inicia este proceso, queremos recordar que es esta portavoz, en representación de otro grupo político en el año 2001, quien asume en solitario desde la responsabilidad municipal la denuncia que es origen de este largo proceso. Es en ese año cuando formulamos una querella criminal por un presunto DELITO CONTINUADO DE ESTAFA, APROPIACION INDEBIDA, UN DELITO SOCIETARIO Y UN DELITO DE PREVARICACION.

Y lo hacemos ante la pasividad e incluso la acción en contra de los Informes Técnicos y, por tanto, del interés público, mostrado por todos los grupos de la Corporación Municipal en aquella Legislatura.

Ante la gravísima situación, el partido que yo representaba solicito la intervención municipal en la empresa de aguas, quedándose, una vez más, sola con esta petición, como ya venia siendo habitual en nuestras reiteradas denuncias.

Queremos recordar que en el año 2002 un Informe Técnico llega a proponer el rescate o secuestro de la empresa, decisión que debía debatirse en el Pleno. Pues bien: se demoro la convocatoria por espacio de dos meses y se llegaron a aprobar las cuentas de la empresa por parte de la representación política en su Consejo de Administración.

Problemas internos de la organización política en la que yo militaba, impidieron que siguiéramos con nuestra querella. Ello ha impedido que no se vayan a depurar penalmente responsabilidades políticas de quienes, por acción u omisión, fueron colaboradores de facto del socio privado en su fraudulento comportamiento. Únicamente, dos miembros del equipo de gobierno de aquella Legislatura, Luis-Carlos Albalá y Juan Sañudo, mostraron una disposición diferente respecto al problema. Recordemos que, junto al Interventor, fueron expulsados de la empresa de agua cuando se personaron para recabar información y documentos.