Cantabria
 
 
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Cantabria
 
El derecho al aborto ha formado parte de las reivindicaciones del movimiento feminista desde que, a principios de los años setenta, se iniciaran las primeras campañas por el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo, a decidir sobre su vida. Ha sido un largo recorrido en el que se han conseguido cambios pero en el que todavía queda un largo trecho por andar.<br /><br />A la aprobación en 1985 de la despenalización parcial del aborto siguieron unos años en los que la profusión de juicios por aborto dejó al descubierto la inseguridad jurídica que propiciaba esta normativa legal, que hemos dado en llamar ley, pero que sólo lo despenaliza en tres supuestos:<br /><br />.Embarazo producto de una violación.<br />.Embarazo con malformaciones en el feto.<br />.Grave riesgo para la vida o la salud psíquica o física de la mujer.<br /><br />Cualquier otra interrupción voluntaria del embarazo que no se sujete a estas premisas, es un delito. Los recientes ataques contra las clínicas privadas de Madrid y Barcelona, alimentados por sectores fundamentalistas católicos, nos recuerdan que la situación no está resuelta. Es más, se puede producir un retroceso de la sociedad que provoque un cambio legislativo como el sucedido en Nicaragua, donde se ha suprimido de la legislación el derecho al aborto terapeútico, vigente desde hacía más de 100 años.<br /><br />Los datos que manejan las organizaciones anti-elección generan una desinformación en la sociedad que alienta el rechazo al derecho al aborto. Se desconoce que la mayor parte de éstos, un 88%, corresponde a embarazos de menos de 12 semanas de gestación y que, del 12% restante, sólo un 2% corresponde a embarazos de más de 21 semanas, y se trata de los abortos por riesgo fetal que, en muchos casos, no se pueden detectar antes de ese tiempo.<br /><br />La práctica del aborto en el estado español presenta una situación muy diferenciada según la comunidad autónoma de que se trate. En Cantabria no existen clínicas privadas que realicen interrupciones voluntarias del embarazo, por lo que muchas de las mujeres que optan por hacerlo, han de desplazarse a otras comunidades autónomas. Se realizan fuera de nuestra comunidad, el 90% de los abortos ya que, las mujeres de Cantabria que deciden ejercer su derecho a abortar dentro de la legalidad vigente, en cualquiera de los hospitales públicos de la<br />región, se encuentran con que, de los 50 médicos especialistas en ginecología, sólo 5 los realizan.<br /><br />Las dificultades que se ponen a las mujeres que resuelven interrumpir voluntariamente su embarazo limitan suderecho a decidir. Que la mujer pueda ejercer el derecho a decidir es algo que debe ser reconocido y garantizado. El otro gran problema que presenta la actual normativa es que no garantiza que la mujer pueda abortar en la red sanitaria pública de forma normalizada, como cualquier otra prestación.<br /><br />Por todo ello denunciamos la actual regulación del derecho al aborto en nuestro país, su desigual cumplimiento por parte de las distintas administraciones del estado y la permanente situación de indefensión en la que se encuentran las mujeres que se ven necesitadas de este servicio sanitario, que debería cubrir la red pública y que, en un 95% lo realiza mediante clínicas concertadas. Asimismo, reclamamos la desaparición del aborto como delito del Código Penal (salvo en el caso en que se realice contra la voluntad de la mujer), que contemple como motivo para atender la solicitud del aborto de una mujer, su propia decisión y, por último, disposiciones administrativas y sanitarias que garanticen su realización como prestación sanitaria normalizada, garantizando que en todos los centros públicos se atienda la demanda de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, adoptando las medidas necesarias para que se disponga de los equipos de profesionales necesarios.<br /><br />Por último, que se habiliten los medios para la formación afectivo- sexual de las jóvenes y los jóvenes, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, al tiempo que se les faciliten los adecuados métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia. 
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